REFORMAS ECONÓMICAS DURANTE EL REINADO DE CARLOS II

Hacia finales de las década de los setenta del siglo XVII, el sistema económico de la Monarquía Hispana se encontraba en una situación muy delicada debido al conflicto bélico entre España y Francia por los Países bajos y la alteración en el comercio que se produjo, al endeudamiento de la Real Hacienda, al estallido de brotes de peste en el sur peninsular, a las malas cosechas, y al crecimiento desorbitado de los precios en contraposición con el de los sueldos.

Con el objetivo de poder afrontar todos los problemas de dinero que amenazaban a la Monarquía Hispana, se crearon toda una serie de órganos consultivos, las Juntas, con grandes personalidades expertas en las materias que se trataban en cada una de ellas. Entre estos organismos cabe destacar la Junta de Comercio (que se encargaba de fomentar el comercio y la industria), que se mantendrá hasta finales del Antiguo Régimen. Estas Juntas trabajaban con los memoriales realizados por los pueblos para el Consejo de Castilla y el Consejo de Hacienda y con informes de arbitristas y funcionarios especializados. Las propuestas realizadas fueron las siguientes: reducir los impuestos, combatir la inflación, renovar el tejido industrial, fomentar la agricultura y equilibrar la balanza de pagos.

El reinado de Carlos II fue el comienzo de la recuperación económica de la Monarquía Hispánica, algo que se puede ver muy bien en el incremento poblacional, en el auge de la producción agrícola (medida por los diezmos) y en una cierta recuperación del comercio interior o de la actividad portuaria. Así mismo, se puede hablar un “reformismo austriaco”, en el que una serie de gobernantes (pero también del mundo de la ciencia y del pensamiento) idea una conjunto de mecanismos para sacar a la Monarquía Hispana de su larga siesta, siendo el caso de Juan José de Austria, el duque de Medinaceli o el conde de Oropesa, en los que se ve un claro deseo de cambio.

La reforma impositiva y la búsqueda de un equilibrio presupuestario

El problema para los arbitristas residía en que las cuotas fiscales asignadas se ajustaban a las cifras de población de finales del siglo XVI, sin que se hayan tenido en cuenta los cambios demográficos durante este tiempo. Esto hacía que los campesinos tuvieran que pagar mucho más de lo debido, elevando los costes de producción, y se tradujera en la descapitalización del mundo rural y la huida de sus habitantes. Por estas razones, Juan José de Austria, intenta llevar a cabo un censo de población donde se indiquen los recursos económicos de los pueblos.

Una de las primeras medidas tomadas por Juan José de Austria cuando llegó al poder en la Corte fue negociar las cantidades que podían pagar los pueblos de lo que adeudaban a la Corona, facilitando su abono, lo que benefició a numerosas villas al cancelárseles parte de las deudas contraídas antes de 1673.

En la década de los ochenta se realiza una reforma del sistema administrativo de las rentas ordinarias, según la cual se suspenden los arrendamientos de las de las rentas ordinarias (alcabalas, unos por ciento y servicios de millones), que son sustituidos por encabezamientos de ciudades y pueblos, y la designación de superintendentes provinciales para que recauden y administren en nombre de la Real Hacienda los valores encabezados, aumentando el control sobre el poder local. Por otro lado, se ajustan los valores de las rentas adaptando su importe al poder económico de la población, reduciendo impuestos sobre artículos básicos, con el objetivo de incentivar el consumo. Aun así, la sucesión de malas cosechas y enfermedades durante 1684, aconsejaron nuevas rebajas fiscales como la suspensión de los recargos añadidos al servicio de millones por Felipe IV y la rebaja a la mitad de los cuatros unos por ciento.

Como consecuencia de esta política de alivio económico a los pueblos, se producirá un descenso de los ingresos ordinarios, que unido al incremento del gasto del Estado hizo que se buscaran fuentes de financiación que lo compensaran, como contribuciones extraordinarias de las que no se libraron ni el clero ni la nobleza, aunque sin aportar en la misma proporción que los pecheros. También se crearon gravámenes adicionales sobre determinados productos de lujo como el cacao, el tabaco y el azúcar; así como sobre el consumo de la sal. Otra medida fue la solicitud de donativos voluntarios y forzosos a las poblaciones, tanto en soldados como en dinero. Todas estas tomas de decisión no tenían otro objetivo que poder hacer frente a los enfrentamientos bélicos con Francia.

Junto a estas medidas recaudatorias, también se elaboraron toda una serie de normas para rentabilizar mejor los impuestos aumentando el control sobre las recaudaciones y evitándose el fraude fiscal y el contrabando de mercancías que eran tan comunes entre el clero, la nobleza y la milicia. También se recuperaron rentas reales enajenadas por las Corona o usurpadas por particulares.

En 1691, se inició un proceso de racionalización y reforma de la Administración, reduciendo la plantilla del personal de los Consejos y las Casas Reales. Sin embargo, estas iniciativas apenas supusieron ahorro y sí inconvenientes al gobierno por la acumulación de trabajo. Por otro lado, se realizaron modificaciones y recortes en pensiones y mercedes, se retuvo un tercio de los salarios en 1693 y se suspendieron los haberes a quienes no servían los empleos. Sin embargo, la medida más importante fue tomada en 1688, en la que se establecía un presupuesto mínimo de 4 millones de escudos para afrontar los gastos del Estado, lo que en la práctica fue una suspensión de pagos.

La reforma monetaria

El objetivo principal de estas reformas monetarias era regular y hacer más fácil la convertibilidad entre las monedas de oro y plata con las de vellón, así como intentar expulsar de la circulación la moneda falsa o con un valor intrínseco reducido y por debajo de su valor metálico real.

La Pragmática de 1680 intentaba luchar contra la inflación y dotar a Castilla de una moneda estable. La reforma de 1686, realizada por el conde de Oropesa, seguirá las doctrinas arbitristas, equiparando la moneda de plata castellana a sus contemporáneas europeas con la revalorización facial de las monedas de oro y plata, de tal manera que los cambios internacionales no eran tan perjudiciales a la Corona y se impedía su extracción a terceros países.

La industria y la agricultura

Juan José de Austria, siguiendo las teorías mercantilistas, había diseñado un programa para rentabilizar al máximo los recursos nacionales y disminuir la importación de manufacturas extranjeras, especialmente en el ámbito de los tejidos. Para ello, en 1679, se crea la Real y General Junta de Comercio, con el firme objetivo de impulsar y modernizar la industria nacional. Este organismo se encargaba de promulgar ordenanzas sobre desarrollo industrial y agrícola, otorgar privilegios fiscales y créditos a inversores, facilitar el comercio nacional, y reglamentar sobre aspectos de caminos, navegación, pesas y medidas, moneda y documentos de crédito y regular los intercambios con Europa y América.

Como consecuencia de diversas medidas, numerosos emprendedores extranjeros y nacionales iniciaron su andadura industrial, especialmente en el sector del textil, pero también del vidrio, del jabón… Este despegue industrial fue gracias al apoyo de la Corona con exenciones fiscales, protección de los fabricantes frente a los acreedores ante problemas económicos, concesión de créditos… Gran parte de estos inversores eran extranjeros: holandeses, franceses, italianos e ingleses, operando todos ellos al margen del sistema gremial pero con el objetivo de traer la técnica foránea y ser enseñada a trabajadores españoles. Sin embargo, estas empresas tuvieron que enfrentarse a la competencia de la red formada por los comerciantes en España, en la que no lograron cabida, y a los gremios.

En cuanto a la agricultura se proponen toda una serie de medidas fiscales para potenciar los cultivos industriales como la caña de azúcar, el lino, el cáñamo y las moreras. También se idearon todo un conjunto de proyectos de obras públicas con el objetivo de poner en valor tierras baldías, como canales de riego, aunque la gran mayoría finalmente no se llevaron a cabo. También  se pretende el aprovechamiento racional de las dehesas y los pastos comunales para incrementar la cabaña ganadera, tratándose el tema de la deforestación del reino y el incentivo de la apicultura. Se produjo una cierta concentración de la tierra bajo una creciente aristocracia rural, se diversificaron los productos agrícolas (cada vez más orientados al mercado), se introdujeron mejoras en la combinación de cultivo y ganadería y comenzó a haber una cierta especialización regional. Todo ello derivó en un aumento de la producción agrícola.

Bibliografía

SÁNCHEZ BELÉN, Juan Antonio, “Medidas extraordinarias para una crisis económica a finales del reinado de Carlos II: las reformas del duque de Medinaceli y del conde de Oropesa”, Trocadero: Revista de historia moderna y contemporánea (2011), nº 23, pp. 7-36.

YUN CASALILLA, Bartolomé, “Del centro a la periferia: la economía española bajo Carlos II”, Studia histórica. Historia moderna (1999), nº 20, pp. 45-76.